Los informes secretos del ‘sólo sí es sí’: ningún ministro del PSOE vio mal la rebaja de penas a violadores

Ningún ministerio dirigido por el PSOE puso reparos a la rebaja de las penas que recoge la Ley del sólo sí es sí cuando fueron consultados durante su elaboración. Así se desprende de los informes evacuados desde 2020 por los distintos departamentos, y remitidos al Ministerio de Igualdad. Aunque los ministerios sí pusieron ciertas objeciones a distintos puntos de la normativa, el asunto central que ha provocado ya la revisión de decenas de condenas y la excarcelación de varios de agresores sexuales no mereció comentario alguno.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a estos informes, que desde el Gobierno han tratado de mantener ocultos, negándoselos incluso al Congreso de los Diputados.

Ningún ministerio llamó la atención sobre la notable rebaja de las penas que recogía la norma, como sí hizo Presidencia, tal y como avanzó este diario. Moncloa avisó a Igualdad que con la reforma «el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves». «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual», se recogía en su informe, revelado por este periódico.

Más allá, ningún otro ministerio -Defensa no remitió sus aportaciones- puso objeciones en este asunto. Sí hubo críticas en otros puntos. Interior, por ejemplo, cuestionó la «discriminación» que implicaba el anteproyecto entre las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o violencias sexuales, en cuanto a la concesión de la residencia temporal y trabajo. El departamento de Fernando Grande-Marlaska advirtió de que «en el caso de la víctima de violencia sexual, los medios para acreditar dicha situación son mucho más amplios y flexibles», al aceptarse un mero informe de los servicios sociales y no ser obligatoria la denuncia. Interior también avisó, en un segundo informe, de la urgencia de un «incremento de personal» para atender a las medidas de protección de la mujer contempladas en el Pacto contra la Violencia de Género.

Precisamente, sobre el asunto de la acreditación de las violencias sexuales incidió también el Ministerio de Inclusión, que destacó que para el reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social o las concesiones de residencia y trabajo debía «garantizarse la certeza y seguridad jurídica que ofrecen las resoluciones judiciales y no otros títulos o documentos». Inclusión avisó incluso en este punto del riesgo de «fraude de ley, sin sanciones expresamente recogidas al respecto».

El informe del Ministerio de Justicia, por su parte, se limitó a destacar como «medida relevante» la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual, la principal novedad incorporada al Código Penal, sin observaciones a la rebaja de las penas.

Economía pidió «delimitar» el acceso de las víctimas a las ayudas económicas, laborales o sociales recogidas en la norma, avisando de su «impacto» presupuestario. «Se debería realizar un análisis para que dichas ayudas puedan cumplir los objetivos que persiguen de la manera más eficiente posible racionalizando el gasto que implican», reconocieron desde este Ministerio.

Educación, Exteriores, Política Territorial, Sanidad, Cultura, Transportes, Industria, Agricultura, Hacienda y Transición Ecológica fueron otros de los ministerios que remitieron a Igualdad sus observaciones a la normativa.

Avisos

Como ha venido revelando OKDIARIO, el departamento de Irene Montero recibió además los informes de distintas organizaciones y comunidades autónomas. Varias regiones, algunas gobernadas por el PSOE, sí mostraron su preocupación por la reducción de las penas. «Nos consta que va a ser una de las cuestiones que más repercusión social va a tener», expresaron por ejemplo desde el Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite. «Se nos generan dudas derivadas de la disminución de las penas máximas impuestas por la comisión de una agresión sexual», coincidieron desde la consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha. Otras regiones, como Andalucía o Madrid, también pusieron el foco en la rebaja.

Además, Montero desoyó las advertencias de los propios expertos en delitos sexuales, como la asociación Adavas o Themis, formada por mujeres juristas. Esta última mostró su rotundo desacuerdo con la «rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual».  «La reforma va a suponer una imposición más leve de penas por parte de los juzgados y tribunales, lo que hace suponer que no se proporciona la importancia debida al bien jurídico protegido, que no es otro que el de la libertad sexual de las personas», alertaron en su informe.

Como es sabido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado también expresaron sus advertencias y avisaron de la revisión de condenas tras la aprobación de la norma.